Me explico: la Constitución española de 1978 no previó cómo resolver una situación hipotética en la que la mayoría de la población de un territorio quisiera separarse del resto. Ello, a pesar de que la historia reciente contaba con precedentes al respecto y de que parte de la oposición al franquismo más tardío se articulaba en clave nacional en algunos lugares. La solución que se planteó, en cierto modo, vino a ser un derecho de autodeterminación "con el freno de mano echado". Es decir, tenía una parte de autodeterminación, en la medida en que los territorios podían decidir qué grado de autonomía querían alcanzar. No se planteó un modelo territorial cerrado, sino uno que se había de construir de acuerdo con las voluntades que se fueran conformando. Las Comunidades Autónomas eran una posibilidad, no una obligación; surgieron 17, pero podrían haber sido 5 o 25. Podría haberse dado el caso de provincias que no hubieran decidido constituirse en autonomía, como de hecho ocurrió durante varios años, en los que convivieron territorios con estatuto aprobado y vigente y otras zonas que aún debatían qué ser de mayores. Y, para todo ello, había un proceso que se iniciaba desde las Diputaciones o bien desde una suma de ayuntamientos. ¿Por qué digo que esta autodeterminación tenía el freno de mano echado? Porque el tope estaba marcado en un determinado grado de autonomía. Al igual que el art. 143 establecía los pasos a dar para iniciar el proceso autonómico, podría haber planteado otro supuesto en el que por iniciativa de la mayoría de ayuntamientos o diputaciones se planteara la celebración de un referéndum de independencia.
Pero la Constitución, siempre se ha dicho y reivindicado, fue fruto de un intercambio de concesiones. Las fuerzas centralistas concedían la posibilidad de cierta autonomía, el reconocimiento de lenguas y hasta la mención a la existencia de "nacionalidades" (siempre bajo la indisoluble unidad de la nación española). A cambio, las fuerzas nacionalistas (no todas, bastantes defendieron el No o la Abstención), aceptaban limitar sus aspiraciones a ese marco de autogobierno a través de los estatutos.
La cuestión es que ese equilibrio se dio en un contexto histórico muy concreto, de salida de una dictadura. De la mano de la cuestión territorial se decidían otras, sobre todo en materia de derechos y libertades, por lo que parte del nacionalismo asumió renunciar a sus aspiraciones más ambiciosas, al igual que la mayor parte de la izquierda asumió consentir la monarquía. ¿Pero es razonable pensar que 40 años después, y sin ruido de sables de fondo, el equilibrio sea el mismo? Creo que sería preocupante pensar que hoy no podemos debatir más a fondo y con más libertad si los consensos de entonces siguen valiendo. Pero, sobre todo, la cuestión no es si podemos; la cuestión es que debemos, porque es más que evidente que, al menos en el caso catalán, ese consenso está roto. A cada cual le podrá parecer mejor o peor, pero está claro que una parte significativa de la población ya no lo acepta.
El problema, y vuelvo al principio, es que una vez dada esta situación, carecemos de cauces para resolverla democráticamente. Incluso aunque la independencia tuviera en Cataluña, Galicia o Murcia un apoyo del 80% la única respuesta que cabe, dentro del marco jurídico actual, es "ajo y agua". Sí, vale, se les puede responder cínicamente que insten a reformar o revisar la Constitución, pero es un procedimiento prácticamente blindado, imposible de impulsar desde un territorio. La respuesta legalista es algo más sofisticada que la de Ahmadineyad, claro, pero el resultado es el mismo: si hay independentistas, tanto da, porque la posibilidad de independizarse no existe. Se da así una situación bastante paradójica, puesto que no es ilegal que un partido político defienda la independencia de un territorio, pero aunque logre la mayoría absoluta de los apoyos nunca podrá llevar a cabo su proyecto.
En esa situación de difícil resolución, la mayoría del Parlament catalán optó por poner de manifiesto con toda crudeza ese conflicto entre voluntad popular y legalidad convocando un referéndum para decidir sobre la independencia. ¡Por supuesto que eso no es constitucional! Pero es que precisamente era lo que se pretendía evidenciar: que la Constitución se le queda pequeña a día de hoy a un conflicto político que se ha de resolver.
De nuevo, la respuesta legalista evita abordar el problema político: "¡están fuera de la Constitución, es inaceptable, que caiga sobre ellos el peso de la ley!". Creo que, a ese respecto hay una cosa que hay que decir muy clara: no todo lo que queda fuera de la Constitución es igualmente censurable. Fuera de la Constitución estaría también un gobierno autonómico que suprimiera la libertad de expresión o de prensa en su territorio, o uno que abriera centros de detención en los que arbitrariamente y sin las debidas garantías judiciales encerrara a quien le pareciera. O uno que aprobara leyes abiertamente discriminatorias por razón de raza, sexo, religión o cualquier otra. Esos serían ejemplos en los que la inconstitucionalidad no residiría solo en que estuvieran formalmente fuera de la ley, sino también en que supondrían una lesión evidente para derechos y libertades básicas. El caso de la convocatoria de un referéndum queda fuera de la Constitución simplemente porque esta no recoge esa posibilidad, pero no supone una limitación de derechos y libertades. Es más, incluso alguien podría defender que los amplía. Jurídicamente, las dos cosas están fuera de la Constitución, pero hacer la misma valoración política sería una barbaridad.
Hoy he pretendido evitar toda referencia a los detalles de cómo se ha desarrollado el tema en los últimos meses. No he citado a Puigdemont ni a Rajoy, no he valorado la convocatoria concreta del 1-O ni la respuesta posterior de la judicatura y el gobierno, ni mucho menos entro a las guerras de cifras ni a las salidas de tono. Quizá lo haga otro día, tengo mucho pensado, redactado y borrado, pero creo que lo anecdótico nos distrae de lo esencial. Lo fundamental es que hay una parte significativa de la población catalana que, con motivos o sin ellos, quiere independizarse. No sabemos si son más o menos que quienes no lo quieren, y no lo sabremos mientras no se abra un cauce para resolver esto democráticamente. De ahí, de esa carencia que arrastramos desde los tiempos del ruido de sables, se deriva todo lo demás, que es coyuntural. El pacto constitucional ha muerto, porque las sociedades evolucionan. Y las leyes, gobiernos y regímenes que no avanzan con ellas pueden resistirse durante un tiempo, pero acaban por desaparecer.
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