Seguimos con las reflexiones a salto de mata, con la sensación reconfortante que da leer a uno de los articulistas de cabecera en la misma línea que apuntaba ayer (de manera mucho más brillante él, claro, pero en la misma línea). No perderse, hoy tampoco, a Isaac Rosa.
Voy a intentar retomarlo por donde íbamos ayer. Vivimos
un momento histórico, cuyas dimensiones quizá solamente podamos comprender
dentro de un tiempo, con la perspectiva suficiente. No atravesamos una crisis
coyuntural, sino seguramente un momento constitutivo de un nuevo régimen, ante
la agudizada contradicción entre el desarrollo del capitalismo y las
instituciones de gobierno con las que ha coexistido en las últimas décadas.
Dichas instituciones se asientan sobre un cierto pacto social de reparto de la
riqueza a través de la acción del Estado, pacto que se ha ido erosionando de
manera paulatina en los últimos años de hegemonía neoliberal, pero que ahora se
ve ante la amenaza de su supresión de raíz. Si antes hablábamos de un desmantelamiento lento pero sistemático del llamado
Estado del Bienestar, ahora además
es drástico, apresurado, como estamos observando en los países del Sur de Europa.
La
aceleración del proceso no se manifiesta exclusivamente a través del hecho en sí de la voladura de pactos sociales consolidados (marco de relaciones laborales, servicios públicos, pensiones, etc.), sino también mediante la configuración de un
gobierno supranacional “de facto” absolutamente ajeno a los mecanismos
democráticos, siquiera en sus elementos formales. No se trata ya de la
configuración de una UE con un “déficit democrático” evidente, sino del
absoluto vaciamiento de la soberanía de los Estados[1]
y su directo sometimiento a los grandes intereses económicos. Ahí está la reforma constitucional del verano pasado, el proceso tutelado de aprobación de los presupuestos autonómicos o la reforma del régimen local en ciernes que se lleva por delante la autonomía local. Cada instancia se supedita a la superior e incluso el Presidente nos dice que "no tenemos la libertad de elegir". La subordinación del poder político al
económico, que antes se presentaba como una maraña que intentábamos desenredar,
se muestra ahora de forma nítida y evidente, ante la aceleración de ese proceso
constituyente de un nuevo régimen.
¿Será
capaz la izquierda de estar a la altura de la importancia histórica del
momento? La tentación de conformarse con recibir los réditos electorales que
una situación de crisis le proporcione es grande. No es una cuestión de
egoísmo, sino de error en la interpretación: considerar que los tiempos
políticos son los mismos que hasta ahora y no que estamos ante una brecha
histórica en la que el ritmo de las transformaciones se acelera. En cierto
modo, es ahora o nunca. Por una parte, porque el retroceso social y democrático
que estamos viviendo en apenas meses es tan drástico que las consecuencias de
que el modelo cristalice serían dramáticas para la gran mayoría social. Pero
por otra parte, porque vivimos un momento de inflexión, de enorme
contradicción, que podría decantarse en dirección contraria, hacia la toma de
control de nuestras propias vidas[2].
No hay lugar para los centrismos, como apuntaba Jordi Guillot,
y la izquierda hará mal en limitarse a adoptar una actitud defensiva del Estado
del Bienestar, por más que funcione electoralmente de manera coyuntural. Lo
cual no quiere decir que algunos de sus elementos fundamentales deban tirarse
por la borda, pero sí desechar su naturaleza de pacto social con unas élites
económicas que están absolutamente desbocadas y tener en cuenta la falta de
soberanía de los Estados.
En
ese sentido, se acabó el “crecer para repartir”, como un modelo en el que
(supuestamente) todos ganábamos, aunque algunas personas lo hicieran en mayor
medida. Para continuar el vertiginoso ritmo que impone el capitalismo se hace
cada vez más difícil redistribuir. Para desarrollar su naturaleza expansiva,
una vez que empieza a topar con los límites de los recursos biofísicos y con
los de la explotación de los países del Sur, necesita penetrar en los
territorios reservados hasta ahora al Estado en los países occidentales,
particularmente europeos: educación, sanidad, etc. Para frenar esa deriva, el
proyecto de la izquierda para la igualdad social deberá fundarse sobre otras
bases.
Pero
el problema de la izquierda no está exclusivamente en definir un proyecto
emancipatorio, sino en encontrar las claves de la movilización social en torno
al mismo. A esa cuestión se refieren algunos de los siguientes posts que publicaré estos días.
[1] Véanse las exigencias de reforma
constitucional para el pago de la deuda, las cartas de Trichet a Berlusconi o
Zapatero, o los “memorándum” impuestos a los países rescatados.
[2] Ha de tenerse en cuenta la creciente
movilización social e incluso signos de la posible transformación de los
sistemas de partidos en Europa, como indicaré en próximas reflexiones.
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